El Senado de la República solicitó al Ejecutivo Federal y al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, su intervención para que en el actuar de las fuerzas de seguridad pública y militares, en cumplimiento a la resolución laboral a favor de la Empresa Mexicana de Cananea de Grupo México, se garantice el respeto a los derechos humanos.

A través de un punto de acuerdo promovido por integrantes del Grupo Especial de Trabajo  para dar seguimiento al conflicto jurídico-laboral entre el Sindicato Minero y la Empresa Mexicana de Cananea, los senadores alertaron sobre el riesgo que podría suscitarse en la localidad ante las expresiones de rechazo del sector laboral nacional por tal resolución.

Asimismo, exhortaron a los trabajadores mineros que tienen en su poder la Mina de Cananea a que exploren vías alternas de solución al conflicto laboral y eviten actos violentos.

También, citaron a comparecer a los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, ante el Grupo Especial.

Exhortaron al Ejecutivo para que revoque de inmediato la concesión minera.

El senador Arturo Núñez Jiménez, en representación del Grupo Especial, explicó que luego de que el pasado 11 del actual autoridades laborales negaron el amparo a los trabajadores de la Sección 65 del Sindicato Minero en Cananea y se ratificara la terminación de la relación laboral de los más de mil 500 trabajadores de la mina, es factible que la empresa pida la intervención de la policía para ejecutar el laudo.

Agregó que con esta resolución se abrió un parteaguas en el derecho laboral y se cerró otra etapa en el largo y azaroso conflicto que se sostiene desde hace más de dos años entre el Sindicato Minero y el Grupo México.

Durante la discusión del punto, el senador Alfonso Elías Serrano, del PRI, expresó su solidaridad con los trabajadores y la intervención del Senado a fin de que el conflicto no  llegue a niveles de violencia o de excesiva fuerza institucional.

“Hacemos un llamado a la mesura y la prudencia de las partes involucradas en este conflicto para que busquen vías alternas de soluciones para preservar las fuentes de trabajo, la seguridad pública y la paz social en Cananea”, enfatizó.

El senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, del PRI, señaló que aunque exista una resolución de un Tribunal Colegiado, el conflicto de carácter social que persiste en Cananea afecta a los trabajadores, sus familias y las actividades que rodean el desarrollo del pueblo.

Además, vaticinó que se está ante un fenómeno jurídico-laboral que aún no termina y que quizás deberán resolver las autoridades judiciales.

El senador petista Ricardo  Monreal Ávila afirmó que desde el inicio de la huelga el Poder Judicial y el Ejecutivo han demostrado su favoritismo y parcialidad en el tema.

Recordó la manera en que la secretaría de Economía solicitó la terminación de la relación laboral entre la empresa y los trabajadores al declarar daños y destrucción hacia la maquinaria.

“México está de luto por este tipo de resoluciones. En 1963 se intentó aplicar, pero nunca en la historia del país se ha dado por terminada una relación”, puntualizó.

Por el PRD, el senador Graco Ramírez Garrido Abreu  dijo que Grupo México mantiene una postura intransigente no sólo en Cananea, sino en Taxco y Zacatecas, “postura inflexible con el respaldo de diversas autoridades del gobierno Federal ha ido construyendo lo que hoy se ha señalado: una aberración en defensa de una maquinaria, de una empresa sobre los derechos de los trabajadores”.

El senador Javier Castelo Parada, del PAN, mencionó que una combinación de factores han complicado el manejo del asunto como son las demandas penales contra Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Minero, por un robo de 55 millones de dólares y que en el caso del patrón, la empresa se fue a buscar la causal de fuerza mayor.

Tomás Torres Mercado, del PRD, consideró que no se puede dejar pasar el hecho de que un secretario de Trabajo quiera resolver en el terreno del litigio penal asuntos que son de interés social y de interés inminentemente político.

Por otro lado, el senador Francisco Arroyo Vieyra, del PRI, advirtió que en el conflicto hay una preocupación en el sentido del uso de una figura jurídica para desaparecer de facto el derecho de huelga de los trabajadores mexicanos.

“Este país está llegando a la edad de  los nuncas y con una resolución de esta naturaleza estamos rascándole la panza al tigre”, subrayó.

La senadora panista, Emma Larios Gaxiola, expresó su respaldo al punto de acuerdo y dijo que lo que los cananenses-sonorenses quieren es que la mina reinicie su ejercicio y se active la producción nuevamente.

Finalmente, Jesús Garibay García, del PRD, puntualizó que no se ve cómo se resolverá el problema de Cananea, si no es por la vía de la cancelación de la concesión.

Destacó que no será con soldados y  policías que se vaya a solucionar el conflicto social, sino con atención.