El pasado martes 23 de febrero presenté a esta Asamblea una iniciativa de reformas al artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer las bases normativas para la creación de un sistema de protección de denunciantes de actos de corrupción y de quienes participen en los procedimientos iniciados contra servidores públicos por estas conductas,

Según a Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, de 100 millones de prácticas de corrupción en el 2003 en el uso de los servicios prestados por autoridades federales, estatales y municipales, así como de las concesiones y servicios provistos por particulares, pasamos a 197 millones en el 2007.

Sin embargo, el dato más preocupante de este estudio es la sensación ciudadana – convertida en el fenómeno de la década – de que cada año la corrupción empeora. Así, en el 2007, 8 de cada 10 mexicanos consideraron que la corrupción era igual o peor que el año anterior.

Por su parte, la Encuesta de Fraude y Corrupción de la consultora internacional KPMG, la cual recoge las opiniones de 235 empresas representativas de México con relación a la incidencia y costo de la corrupción del gobierno, indica que el 44% de estos negocios ha realizado pagos extraoficiales a servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

Lo cual – según explican los empresarios encuestados -, tiene su origen en la idea arraigada de que su negativa a sobornar a las autoridades o a participar en actos de corrupción, acarrea las siguientes consecuencias:

• Trámites lentos (47% de los encuestados);
• Multas injustificadas (27%);
• Cancelación o no renovación de contratos con el gobierno (21%);
• Incremento de costos de producción (21%)¡, y
• Mayor vulnerabilidad de sus instalaciones frente a la inseguridad y el delito (7%).

Estas circunstancias, dan lugar a un círculo vicioso en el que los ciudadanos, al ver actos de corrupción por doquier sin que se sancione a los responsables, consideran inútil y hasta riesgoso denunciar la corrupción pública, inclinándose por dejar pasar la ilegalidad o, bien, por ser partícipes de ella.

Por su parte, el gobierno invoca la falta de denuncia como una de las principales causas del avance de la corrupción en México, concentrando sus esfuerzos en campañas publicitarias para promover la participación de la sociedad en el combate a la corrupción, pero sin ofrecer las garantías adecuadas para proteger a los denunciantes y castigar a los responsables.

Prueba de ello es que en los últimos tres años, el Gobierno Federal sólo ha recibido 56 mil 896 denuncias ciudadanas en todo el país contra actos de ineficiencia o corrupción atribuibles a sus servidores públicos, de las cuales apenas 8 mil 019 (el 14%) derivaron en algún tipo de sanción administrativa por parte de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal.

Todo lo anterior, ante la falta de un marco legal sólido que de certeza a los ciudadanos de que sus denuncias serán atendidas; de que tanto su identidad como su seguridad personal serán resguardadas; y que los servidores públicos que con un gran sentido de responsabilidad denuncian la corrupción al interior de sus oficinas o participan en su combate, no podrán ser despedidos ni sujetos a represalias.

Este vacío normativo pone a México en una situación de incumplimiento de los dos instrumentos internacionales más importantes en la materia:

La Convención Internacional contra la Corrupción de la OEA y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a través de las cuales nuestro país se comprometió a modificar sus leyes para establecer un sistema de protección a denunciantes de conductas ilegales en el gobierno y a quienes participen en los procedimientos para su sanción.

Es por ello, que la presente iniciativa, en complemento de la reforma constitucional propuesta hace unos días, propone la modificación de cinco ordenamientos federales, como lo son:

La Ley de Responsabilidades Administrativas… el Código Penal… el Código de Procedimientos Penales… la Ley del Servicio Profesional de Carrera… y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado…

… para establecer en nuestro país uno de los sistemas más avanzados en Latinoamérica para la protección de ciudadanos y servidores públicos que participen valientemente en el combate a la ineficiencia y corrupción gubernamentales.

Y de esta forma, los ciudadanos y servidores públicos honestos y eficientes, tendrían las herramientas necesarias para combatir, sin reticencias ni temor a represalias, la corrupción en el gobierno, contribuyendo con ello a que nuestro país recupere el terreno perdido en materia de competitividad y confianza en las instituciones de gobierno.