Protección integral a víctimas de secuestro, plantean senadores

2. Marzo 2010 | Por admin | Categoria: Comunicados de Prensa, Noticias del Senado

Senadores del PAN, PRI, PRD y PVEM, suscribieron una iniciativa de Ley General de Protección a las Víctimas del Delito de Secuestro, cuyo propósito es establecer un sistema integral de protección y asistencia a las víctimas directas e indirectas del secuestro.

La propuesta, que también busca preservar la vida y la seguridad de las víctimas y sus familiares, mediante un enfoque global, fue presentada por el senador Alejandro González Alcocer.

En tribuna,  el legislador panista  dijo que se da un enfoque integral y amplio a la figura de víctima del secuestro, considerando como víctimas directas a aquellas en que recae la conducta delictiva, y como indirectas a los familiares y personas cercanas.

Este nuevo concepto, destacó, permitirá brindar diversos derechos a la familia de las víctimas, pues en algunos casos la atención sólo se brinda a la víctima directa, dejando de lado su entorno familiar.

En la iniciativa se considera que para el proceso de acoplamiento a la vida cotidiana, la víctima debe ser acompañada de personal especializado que le permita una reinserción exitosa en lo familiar y social.

Se propone que el combate a la esfera patrimonial de los secuestradores sea obligatorio para el Ministerio Público, y que los bienes recuperados, sirvan para la atención a otras víctimas del secuestro y para reparar el daño a víctimas pasadas.

Asimismo, se plantea que los pagos de rescate sean deducibles de impuestos, tomando en cuenta que el ciudadano cumple puntualmente con el pago de sus impuestos y por su parte, el Gobierno Federal o local, incumple con la obligación de proporcionar y garantizas sus derechos fundamentales, que en este caso son la vida y la libertad.

En la iniciativa, también se propone responsabilizar al municipio, Estado o Federación que tenga entre sus filas de agentes a secuestradores.

Esta media se justifica si se toma en cuenta que el Gobierno tiene la obligación y capacidad de certificar a su personal, aclaró González Alcocer.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictamen.

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