Por su ubicación geográfica, nuestro país está expuesto a fenómenos naturales de alto riesgo, tales como terremotos, huracanes, lluvias torrenciales, inundaciones, incendios forestales, heladas y sequías, mismos que se han incrementado en número y en intensidad en años recientes.

Nuestro territorio se localiza, por un lado, en una zona de alta actividad sísmica y volcánica  y en una de las más amplias regiones del mundo generadoras de fenómenos hidrometeorológicos, lo que pone a los habitantes de nuestro país en una situación de constante riesgo.

Aunado a lo anterior, tres cuartas partes del territorio nacional se encuentran en zonas áridas y semiáridas, mismas que sufren extensos períodos de intensa sequía, fenómeno que afecta a las más de 6 millones de hectáreas dedicadas en esas regiones a la producción de alimento.

Esto nos lleva necesariamente valorar cómo nuestros gobiernos han venido financiando la recuperación de las comunidades, la reconstrucción de la infraestructura dañada y la atención a damnificados por catástrofes naturales.

En este sentido, el Banco Mundial, señala que en países como México, el 97% de las pérdidas por desastres naturales se financian con recursos públicos, ya sea distrayendo recursos asignados a programas normales de obra y desarrollo social, o bien, mediante fondos de reserva que, por lo general, son insuficientes.

Ejemplo de esto, es que a partir del 2001 el presupuesto autorizado al Fondo de Desastres Naturales del gobierno federal ha disminuido año con año, al pasar de un presupuesto aprobado de 7 mil millones de pesos en el 2000 a tan sólo 150 millones en el 2009.

Pero además, durante los últimos 5 años el FONDEN ha presentado sobre-ejercicios de grandes dimensiones, pues de menos de 5 mil millones de pesos presupuestados durante este período, se han ejercido 34 mil millones para apoyar a los gobiernos estatales en la atención de desastres naturales, esto es, casi 7 veces más de lo presupuestado.

De aquí que sea más que evidente que el modelo de financiar los costos para atender desastres naturales con recursos fiscales, se ha vuelto algo insostenible ante la creciente intensidad de los fenómenos catastróficos y la magnitud de los daños por ellos causado en los últimos años.

Por eso, debemos apoyar la adopción de nuevos mecanismos e instrumentos financieros para atender este tipo de emergencias, de tal forma que el impacto de un desastre natural en las finanzas públicas sea marginal, y los gobiernos puedan dar una respuesta oportuna a las catástrofes, sin tener que sujetarse a procesos complejos, tardados y burocráticos.

Por tal motivo, se propone la reforma y adición de diversos artículos a la Ley General de Protección Civil, para establecer, por un lado, la responsabilidad de los gobiernos estatales de contratar seguros y demás instrumentos de protección financiera ante desastres naturales

Y la obligación del gobierno federal de apoyar a las entidades federativas con parte del monto total de las primas correspondientes, con cargo al FONDEN, sin exigir mayores requisitos para la entrega de los recursos que el consistente en que el gobierno local haya seleccionado a la administradora de riesgos mediante un procedimiento público y transparente.

Porque no debemos perder de vista que las últimas catástrofes que hemos vivido han demostrado que el dinero público no alcanza para la recuperación de una comunidad devastada; también nos han enseñado que la creciente intensidad de los desastres naturales demanda una atención más rápida y oportuna, sin burocracia, ni retrasos, ni obstáculos normativos o administrativos.

Y esta propuesta responde a esa necesidad de impulsar nuevos mecanismos financieros para que los gobiernos locales puedan atender estas catástrofes, en forma integral, irrestricta e inmediata; pero que les permita, a la vez, continuar atendiendo normalmente el resto de sus responsabilidades en materia de obra, seguridad, y desarrollo social, las cuales son igualmente importantes para la recuperación de una comunidad afectada por un desastre.

En el Senado de la República dimos ya un paso importante en esta materia con las reformas que aprobamos a la Ley de Protección Civil en días pasados haciendo más funcional las estructuras nacionales de protección civil; ahora nos corresponde dar el siguiente paso, que consiste en darle a los gobiernos estatales las herramientas, los mecanismos y los instrumentos necesarios para atender los nuevos retos que presenta la protección civil ante los cada vez más intensos fenómenos naturales.

Es cuanto, Señor Presidente.