CIUDAD DE MEXICO, 09 DE MARZO DEL 2010.-Para que los gobiernos estatales atiendan de inmediato los desastres provocados por fenómenos naturales, Alfonso Elías propuso establecer en la Ley General de Protección Civil la responsabilidad de los Estados de contratar seguros y otros mecanismos de transferencia de riesgos catastróficos.

Y a la par de esta obligación – expuso el Senador por Sonora en tribuna -, el gobierno federal tendrá la obligación de dar parte del costo de los seguros con cargo al Fondo de Desastres Naturales, sin exigir mayores requisitos que el verificar que la selección de la aseguradora por parte del gobierno estatal haya sido resultado de un procedimiento público y transparente.

Explicó que ante su ubicación geográfica, México está expuesto a fenómenos naturales de alto riesgo,  que se han incrementado en número y en intensidad en años recientes lo cual lleva a valorar cómo los gobiernos han venido financiando la recuperación de las comunidades, la reconstrucción de la infraestructura dañada y la atención a damnificados por catástrofes naturales.

En este sentido, -explicó- el Banco Mundial, señala que en países como México, el 97% de las pérdidas por desastres naturales se financian con recursos públicos, ya sea distrayendo recursos asignados a programas normales de obra y desarrollo social, o bien, mediante fondos de reserva que, por lo general, son insuficientes.

Ejemplo de esto, es que a partir del 2001 el presupuesto autorizado al Fondo de Desastres Naturales del gobierno federal ha disminuido año con año, al pasar de un presupuesto aprobado de 7 mil millones de pesos en el 2000 a tan sólo 150 millones en el 2009, indicó.

Alfonso Elías expuso que durante los últimos 5 años el FONDEN ha presentado sobre-ejercicios de grandes dimensiones, pues de menos de 5 mil millones de pesos presupuestados durante este período, se han ejercido 34 mil millones para apoyar a los gobiernos estatales en la atención de desastres naturales, esto es, casi 7 veces más de lo presupuestado.

“Por eso, debemos apoyar la adopción de nuevos mecanismos e instrumentos financieros para atender este tipo de emergencias, de tal forma que el impacto de un desastre natural en las finanzas públicas sea marginal, y los gobiernos puedan dar una respuesta oportuna a las catástrofes, sin tener que sujetarse a procesos complejos, tardados y burocráticos”.

Por tal motivo, el senador sonorense propuso la reforma y adición de diversos artículos a la Ley General de Protección Civil, para establecer, por un lado, la responsabilidad de los gobiernos estatales de contratar seguros y demás instrumentos de protección financiera ante desastres naturales.

“No debemos perder de vista que las últimas catástrofes que hemos vivido han demostrado que el dinero público no alcanza para la recuperación de una comunidad devastada; también nos han enseñado que la creciente intensidad de los desastres naturales demanda una atención más rápida y oportuna, sin burocracia, ni retrasos, ni obstáculos normativos o administrativos”.

Esta propuesta responde a esa necesidad de impulsar nuevos mecanismos financieros para que los gobiernos locales puedan atender estas catástrofes, en forma integral, irrestricta e inmediata y que les permita continuar atendiendo normalmente el resto de sus responsabilidades en materia de obra, seguridad, y desarrollo social, las cuales son igualmente importantes para la recuperación de una comunidad afectada por un desastre.

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